Los gobiernos enfrentan decisiones difíciles en la crisis del COVID-19

A este ritmo, la crisis podría detener los avances acumulativos en la reducción de la pobreza logrados durante la última década. Estos pronósticos muestran el nivel de sufrimiento y justifican una acción inmediata.

Los medios de comunicación están llenos de historias trágicas de familias afectadas. Sabemos que no son casos aislados. Las familias pobres tienen más probabilidades de depender de ingresos provenientes de acuerdos laborales informales, tienen ahorros mínimos y, por lo general, carecen de seguridad laboral, seguro médico o licencia remunerada, lo que las hace altamente vulnerables.

Por ejemplo, más de las tres cuartas partes de todos los trabajadores no agrícolas en Myanmar, Indonesia y Laos no están empleados formalmente y no tienen acceso a programas formales de seguro social.

En algunos países, diferentes industrias se vieron especialmente afectadas. En Tonga, donde un tercio de la población depende del turismo, si la crisis se prolonga, la pobreza podría afectar a tres cuartas partes de todos los hogares que viven en este sector. Los pobres de las zonas urbanas están en riesgo, ya que viven en zonas superpobladas y con acceso limitado a buenas infraestructuras y servicios de salud.

Los migrantes internos y sus familiares también se ven gravemente afectados. Cuando los países más ricos experimentan fuertes aumentos del desempleo, una proporción importante de hogares en los países de Asia oriental y el Pacífico puede correr el riesgo de que esta importante fuente de ingresos disminuya en este período.

Indonesia y Filipinas, por ejemplo, ampliaron importantes programas de asistencia social y aumentaron temporalmente los beneficios.

En el sector formal, los países cancelan o retrasan los pagos del seguro social para ayudar a los empleados y las empresas en el corto plazo y promulgan diferentes tipos de incentivos salariales para mantener las conexiones laborales cuando sea posible.

Estos servicios requieren un mayor gasto público cuando los ingresos caen. En estos tiempos sin precedentes, se espera que los países tengan déficits fiscales incluso mayores de lo normal, lo que resultará en un aumento de la deuda interna y externa. Hace aún más necesario garantizar que la financiación gubernamental se utilice para mejorar los servicios productivos que puedan ampliarse fácilmente utilizando las tecnologías administrativas o digitales actuales.

Se deben promover medidas políticas que sean útiles tanto para la crisis inmediata como para la de largo plazo. La ampliación de los servicios de alimentación y bienestar escolar, por ejemplo, reducirá las pérdidas de capital humano a largo plazo. Reducir los aranceles de importación reducirá los costos comerciales internos y fortalecerá las cadenas de valor globales.

Los confinamientos pueden ser necesarios para frenar la propagación de la pandemia, pero afectan los medios de vida. La compensación es más grave para los países en desarrollo que carecen de la capacidad fiscal o de mecanismos de distribución para aumentar la asistencia social a los hogares o de la capacidad de implementación para imponer el distanciamiento social.

Para que las autoridades determinen cuándo levantar gradualmente el confinamiento, será crucial el acceso a información oportuna y confiable sobre la transmisión del virus y sus impactos económicos y sociales. Las estadísticas clave sobre el desempleo, los precios de los alimentos y los primeros signos de desnutrición se encuentran entre las que deben sopesarse cuidadosamente junto con los datos relacionados con el virus.

También necesitarán seguir cuidadosamente las lecciones de los países mientras relajan restricciones similares.

La cooperación y la asistencia internacionales para resolver la crisis serán cruciales. Los gobiernos deben aprender unos de otros y aplicar las mejores prácticas en una respuesta en tiempo real a la pandemia.