Gobierno indiferente ante la invasión de narcotraficantes en la Amazonía peruana — Problemas globales
LIMA, 26 jul (IPS) – La invasión de tierras habitadas por comunidades indígenas amazónicas crece en Perú, debido a que mafias del narcotráfico expanden los cultivos de coca para producir y exportar cocaína, mientras aumentan la deforestación y la inseguridad de las poblaciones indígenas y sus defensores.
«El narcotráfico no es un mito ni algo nuevo en esta zona, y somos nosotros quienes defendemos nuestro derecho a vivir en paz en nuestra tierra», dijo el líder indígena Kakataibo Marcelo Odicio, del municipio de Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, en el departamento amazónico de Ucayali.
De los 33 millones de habitantes del país sudamericano, aproximadamente 800.000 pertenecen a 51 pueblos indígenas de la Amazonia. En general, el 96,4% de la población indígena es quechua y aymara, de los cuales seis millones viven en las zonas andinas, mientras que los pueblos de la selva amazónica representan el 3,6%.
El gobierno peruano es constantemente criticado por no satisfacer las necesidades y demandas de esta población, que sufre múltiples desventajas en salud, educación, generación de ingresos y acceso a oportunidades, así como el creciente impacto del narcotráfico, la tala ilegal y la minería.
Un claro ejemplo de esto es la situación del pueblo Kakataibo en dos de sus comunidades indígenas, Puerto Nuevo y Sinchi Roca, en el límite entre los departamentos de Huánuco y Ucayali, en la región selvática centro-oriental del Perú.
Durante años han estado denunciando y resistiendo la presencia de invasores que talan los bosques con fines ilegales, mientras el gobierno no les presta atención y no toma ninguna medida.
La amenaza más reciente los llevó a utilizar su guardia nativa para defenderse de nuevos grupos de extranjeros que, a través de videos, proclamaron su decisión de ocupar los territorios sobre los cuales el pueblo Kakataibo tiene derechos de sus antepasados, los cuales están respaldados por títulos otorgados por la autoridades departamentales.
En los últimos años han sido asesinados seis líderes kakataibo que defendían sus tierras y su forma de vida. El último fue Mariano Isacama, cuyo cuerpo fue encontrado por la guardia indígena el domingo 14 de julio después de estar desaparecido durante semanas.
En entrevista con IPS, Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), lamentó que las autoridades no puedan encontrar a Isacama. El líder de la comunidad nativa de Puerto Azul había sido amenazado por personas vinculadas al narcotráfico, sospecha la federación.
Durante una conferencia de prensa en Lima el 17 de julio, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a 109 federaciones que representan a 2.439 comunidades indígenas, deploró la indiferencia del gobierno ante la situación de un líder desaparecido y asesinado. , lo que eleva a 35 el número de indígenas de la Amazonía asesinados entre 2023 y 2024.
La Aidesep declaró en emergencia el territorio de los pueblos indígenas de la Amazonía y llamó a mecanismos de autodefensa y protección contra lo que llamaron «violencia impune proveniente del narcotráfico, la minería y la tala ilegal bajo el amparo de autoridades cómplices de la negligencia, la inacción y la corrupción». «.
Falta de visión para la Amazonía
La provincia de Aguaytía, donde se ubica el municipio de Padre de Abad y donde habitan los Kakataibo, entre otros pueblos indígenas, concentrará el 4,3% del área dedicada al cultivo de hoja de coca al 2023, unas 4.019 hectáreas, según el último informe de Comisión Nacional para el Desarrollo y una Vida Libre de Drogas (Devida) del gobierno.
Es la sexta zona de producción de este cultivo en el país.
El informe destaca que Perú redujo los cultivos ilícitos de coca en poco más del 2% entre 2022 y 2023, de 95.008 a 92.784 hectáreas, frenando la tendencia de expansión permanente durante los últimos siete años.
Estas cifras son cuestionadas por Ricardo Soberón, experto en política de drogas, seguridad y Amazonía.
«El último Informe Mundial sobre las Drogas indica que hemos pasado de 22 a 23 millones de consumidores de cocaína, y que el triángulo dorado de Birmania, la triple frontera Argentina-Paraguay-Brasil y el trapezoide de la Amazonía son zonas privilegiadas para la producción y la exportación. «Soberón. dijo a IPS.
Este último cuenta con «Putumayo y Yaguas», áreas que según Devida han reducido las 2.000 hectáreas cultivadas. No lo creo», afirmó.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que encargó el informe, también ubica al Perú como el segundo mayor productor de cocaína del mundo.
Soberón agregó otro elemento que desacredita las conclusiones del informe de Devida: el comportamiento del gobierno.
«No hay interdicción aérea en el trapezoide amazónico, el acuerdo de interdicción no letal con Estados Unidos estará operativo en 2025. Por otro lado, hay denuncias contra la policía por drogas en Loreto, departamento donde Putumayo y Se localiza a los Yaguas, por sus vínculos con la mafia brasileña”, explicó.
Considera que se intentó blanquear «un gobierno que está completamente aislado», en referencia a la gestión que encabeza desde diciembre de 2022 la presidenta interina Dina Boluarte, con niveles mínimos de aprobación y un cuestionamiento sobre una serie de obstáculos democráticos.
Soberón, director de Devida en 2011-2012 y 2021-2022, advirtió constantemente que el gobierno, en sus distintos niveles, no incorporó la agenda indígena en sus políticas contra las ilegalidades en sus áreas ancestrales.
Esto, dijo, a pesar de la creciente presión sobre los pueblos y sus tierras por parte de «las mayores economías extractivas ilegales del mundo: el narcotráfico, la tala y la minería de oro», principales causas de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el despojo territorial.
Soberón sostuvo que, debido a la magnitud del tráfico de cocaína en el mundo, los principales grupos narcotraficantes necesitan reservas de cultivos de coca, y el territorio peruano es apto para ello. Deploró la mínima visión estratégica entre los actores políticos, económicos, comerciales y sociales de la Amazonía.
Con base en investigaciones anteriores, dice que el puente Cauca-Nariño en el sur de Colombia, el Putumayo en Perú y partes de Brasil, forman el trapezoide amazónico: una zona de tránsito fluido no sólo de cocaína, sino también de armas, insumos y oro.
De ahí el gran flujo de cocaína en la zona, para su tráfico y distribución hacia Estados Unidos y otros mercados, lo que vuelve atractivos territorios indígenas como la selva amazónica peruana para cultivos de coca y laboratorios de cocaína.
Soberón subraya que es posible conciliar la política antidrogas con la protección de la Amazonía, por ejemplo impulsando los pactos sociales de la ciudadanía que él mismo desarrolló como proyecto piloto durante su mandato.
Se trata, dijo, de que los actores sociales, como los pueblos indígenas, se conviertan en tomadores de decisiones. Pero esto requiere una voluntad política clara, que no se ve en la actual administración de Devida.
«No pensaremos»
Odicio, presidente de Fenacoka, sabe que el aumento de la presencia de invasores en sus territorios tiene como objetivo la siembra de pastos y hoja de coca, actividad que destruye sus bosques. Incluso instalaron estanques de maceración cerca de las comunidades.
Cuando llegan los invasores, talan los árboles, los queman, crían ganado, toman posesión de la tierra y luego reclaman el derecho a un título, explicó. «Después de la ley contra la silvicultura, se sienten fuertes y dicen que tienen derecho a la tierra, cuando no es así», afirmó.
Se refiere a la reforma a la Ley Forestal y de Vida Silvestre N° 29763, vigente desde diciembre de 2023, que socava aún más la seguridad de los pueblos indígenas sobre sus derechos territoriales y abre la puerta a actividades extractivas legales e ilegales.
El líder, que tiene esposa y dos hijos pequeños, sabe que el papel de defensor lo expone. «Nosotros somos los que pagamos las consecuencias, somos visibles para los delincuentes, somos señalados como delatores, pero seguiré defendiendo nuestros derechos. Junto a la guardia nativa velamos por que se respete la autonomía de nuestro territorio”, subrayó.
En la comunidad nativa de Puerto Nuevo hay 200 familias Kakataibo, con otras 500 en Sinchi Roca. Viven del uso sustentable de sus recursos forestales, los cuales están en riesgo por actividades ilegales. «Sólo queremos vivir en paz, pero nos defendemos porque no podemos seguir siendo sabios si no respetan nuestra autonomía», afirmó.
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